Las cifras que reflejan el conflicto de Venezuela

Momento en que los colectivos irrumpen en el edificio de la Asamblea Nacional en Caracas, 5 de julio de 2017, mientras la oposición mantenía una sesión especial por el Día de la Independencia.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social son los únicos datos serios sobre la crispación del país

Desde hace varios años, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social viene ofreciendo tal vez los únicos datos serios que existen en torno al proceso de crispación del país. Resulta particularmente valioso lo que aportan en una nación sin oficiales. El Observatorio define su trabajo como “una mirada académica y con enfoque de derechos humanos, para apoyar a la comunidad, organismos gubernamentales, organismos no gubernamentales y sociedad civil en general en la comprensión y caracterización de los procesos sociales venezolanos en la búsqueda de dignidad humana”.

Acaban de producir un informe revelador de lo que ha sido el conflicto que desborda al gobierno y mantiene en jaque a la calle. Los datos, ofrecidos para el momento en que la protesta cumplía 91 días, reflejan una escalada de la conflictividad en Venezuela entre el 1 de abril y el 19 de junio del 2017: en ese lapso se registró un total de 2.675 protestas en el país.

La gente protesta por hambre, falta de gas, de medicinas y contra la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Últimamente, se agrega el rechazo a la Constituyente Comunal que el régimen quiere imponer a como de lugar.

El informe, que recogió los datos a lo largo de 91 días de resistencia – a pesar de que, al escribir esta crónica, el país lleva 103 días de ininterrumpida presencia de calle-, registró 88 personas asesinadas por la dictadura, 11 de ellas menores, 71 hombres, 6 mujeres y 6 que se reportan desaparecidos. 63 fallecieron por la acción de armas de fuego, 3 por impacto de bombas lacrimógenas y 6 por arrollamiento.

Hay 15.000 heridos y 383 presos políticos –sin contar los 111 que fueron detenidos durante la tranca de 10 horas que realizó la oposición el día de ayer- de los cuales 388 han sido presentados a tribunales militares y 220 siguen detenidos a la orden de la justicia militar.

Desde el 1 de abril hasta el 19 de junio se produjeron 3.264 arrestos, de los cuales 1.268 siguen detenidos. Hay personas que permanecen en prisión a pesar de haber sido expedidas sus boletas de excarcelación. Pero la situación es de tal anomia que los jefes militares ignoran olímpicamente las decisiones de los tribunales civiles.

La brutal represión -frontalmente denunciada por los obispos venezolanos- llevada a cabo los por cuerpos represores del Estado (GNB, la PNB y los grupos paramilitares o colectivos), es responsables del ataque a la Asamblea Nacional el 5 de Julio donde varios diputados y diputadas resultaron severamente golpeados con objetos contundentes.

Es preciso mencionar a los parlamentarios Delsa Solórzano y Julio Montoya, afectados por gases; Freddy Guevara, 1er Vice Presidente de la Asamblea fue impactado y José Manuel Olivares por impacto de bomba lacrimógena en pierna y cabeza respectivamente.

Otros han sido heridos en el curso de las protestas como Francisco Pizarro, golpeado en la boca por un escudo de la GNB y Juan Requesens, quien fue lanzado a una alcantarilla por dos efectivos militares; Islev Silva fue herido en una mano por una bomba lacrimógena; Omar González Moreno, José Brito (en su pierna) y Juan Mejías (en el brazo) fueron igualmente atacados con una lacrimógena en su cabeza. Carlos Paparoni recibió primero un disparo de perdigón en su pierna y dos días después recibió un chorro de La Ballena, como se llama acá a los carros represivos que expulsan agua de manera tan fuerte que son capaces de desprender un órgano o extremidad del cuerpo. Juan Guaidó tiene la espalda llena de orificios de perdigones.

Los alcaldes y gobernadores no se han quedado atrás: David Smolansky perdió el conocimiento por efecto de los gases, Henrique Capriles recibió un fuerte golpe en su cara propinado por los funcionarios utilizando sus cascos y Reinaldo Díaz, concejal del municipio El Hatillo, fue impactado por una bomba lacrimógena.

El artículo 328 de la Constitución Nacional recuerda a la Fuerza Armada que es “una institución esencialmente profesional, sin militancia política y organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación”. Y en ningún caso debe ponerse al servicio de persona o parcialidad política alguna. Hoy, se encuentran en flagrante desacato a la Carta Magna.

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