“La Divina Pastora nos ayudará a conquistar la democracia y la justicia en Venezuela”

fot. Inti

En conversación con Aleteia, el arzobispo de Barquisimeto hace lectura de la consulta popular en la que más de siete millones de venezolanos expresaron su rechazo a la Asamblea Constituyente. Según el Episcopado, con esta ilegal herramienta el gobierno de Nicolás Maduro pretende institucionalizar la dictadura en Venezuela

Los obispos participaron en la consulta de este domingo 16 de julio y recibieron además lo que se ha interpretado como un particular espaldarazo del Papa Francisco, quien durante el Ángelus reiteró que reza por Venezuela.

En Barquisimeto, el arzobispo monseñor Antonio López Castillo ha sido declarado en no pocas ocasiones blanco del oficialismo. Y con mayor fuerza se evidenció la escalada de violencia tras la inédita procesión de la Virgen María en la advocación de la Divina Pastora, considerada como la más multitudinaria de la nación sudamericana.

López Castillo firmó, convirtiéndose en uno de los más de 20 obispos que le dieron el sí a la democracia. En este sentido, cuenta el prelado que se expresó “en un terreno anexo a la parroquia” y dijo que se trató de “una manifestación del pueblo mayoritario para expresar su contundente rechazo a la Constituyente”.

El pasado 15 de junio, en un hecho histórico la Divina Pastora bajó de su altar para marchar con el pueblo y clamar a Dios por la paz y la democracia de Venezuela. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario: se incrementaron las muertes. Más aún, el primero de julio se registró el asesinato de al menos cuatro personas solamente en esa región.

Consultado con respecto a si “se trata de una suerte de martirio”, el prelado indicó que en “se trata en realidad de la represión de un gobierno dictatorial, el cual sabe que la amplia mayoría del pueblo es demócrata y se opone a la Constituyente (ANC)”.

De momento, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en mantener la convocatoria cuya elección se realizaría el 31 de julio. No obstante, diez días antes de esa fecha (el 21 de julio) se llevará a cabo una jornada de oración y ayuno convocada por la Conferencia Episcopal Venezolana, en una acción realizada por tercera vez en lo que va del año.

Pese a los insistentes pedidos de la Iglesia Católica hacia el gobierno nacional para que retire la convocatoria a la ANC, desde el Episcopado temen que sea impuesta esta herramienta y con ella se institucionalice la dictadura.

Con base en este hecho, monseñor Antonio López Castillo brinda luces acerca de este tema:

¿Qué se puede hacer?

-El venezolano común debe seguir hablando y expresándose, siempre dispuesto a mantener en alto la democracia, la libertad, la justicia y la paz…

¿Ha tenido nuevo contacto con los estudiantes, los muchachos, los jóvenes que siguen en la calle…?

Ellos están muy decididos, dispuestos a luchar por el país. Son muchachos muy ejemplares, ciertamente. Y Dios los seguirá bendiciendo.

Algunos interpretan la oración del Papa por Venezuela tras el Ángelus como un espaldarazo a las acciones que se vienen desarrollando, con apoyo de la Iglesia, por la recuperación de la democracia. ¿Usted lo entiende así?

Sí, ciertamente es un espaldarazo directo para que la gente manifieste su apoyo a la democracia. Efectivamente, ha habido una respuesta contundente y debe hacerse respetar la voluntad popular.

En estas circunstancias, ¿qué le pide a la Divina Pastora?

Le pedimos que nos ayude a reconquistar la democracia, manteniendo siempre en alto los valores de la libertad, la justicia y la paz.

El país vivió una excepcional jornada de consulta popular organizada por la oposición en menos de diez días. A través de 14 mil centros, un tercio de los que suele disponer el gobierno en una elección estatal, más de 7 millones 200 mil venezolanos se expresaron para rechazar la convocatoria a la Constituyente.

Las firmas respaldan además el proceso de reinstitucionalización de Venezuela con la designación de funcionarios que adelante la Asamblea Nacional, poder legítimo de mayoría opositora que ha sido directamente atacado por el gobierno a través de magistrados ilegalmente designados para el Tribunal Supremo de Justicia.

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