La trata de personas en Brasil: Un delito subterráneo

Los obispos llaman a realizar un esfuerzo para darle mayor visibilidad a esta problemática

Antes se hablaba de “trata de blancas” para referirse al tráfico o comercio que se realiza con mujeres de cualquier raza para forzar su prostitución. El concepto amplió a trata de personas, originalmente empleado para  hablar del tráfico o comercio de seres humanos, especialmente el realizado con personas de raza negra desde finales del siglo XV hasta principios del XIX, que consistía en transportarlas de las costas de África a América y venderlas allí como esclavos.

Hoy se ha reducido a una sola palabra que, paradójicamente, expresa algo mucho más amplio que las dos acepciones anteriores. Incluye ahora a menores, órganos y cualquier otra forma de sometimiento que reduzca personas a cosas objeto de transacción y enriquecimiento ilícito.

En Brasil, tal vez el país más señalado en América Latina -aunque casi todo el territorio está comprometido- por este crimen contra la dignidad humana. Poderosos grupos organizados actúan como verdaderas mafias que controlan ese mercado y consiguen gran rentabilidad. Manipulan colosales fortunas a partir de la explotación del ser humano. Hay quienes aseguran que el negocio es tan rentable como la droga o el tráfico de armas.

Por eso no podrá ser erradicada sin la decidida y responsable colaboración de diversas instituciones públicas conjuntamente con la organización de comunidades y diócesis, como bien lo ha señalado la Iglesia local. Otro factor clave es el combate a la pobreza, situación que se encuentra a la raíz del flagelo.

Una reunión muy importante tuvo lugar en  Brasilia los días 27 y 28 de junio, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la Comisión Especial de Enfrentamiento a la Trata de Personas de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. El esfuerzo se centró en definir el plano de acción para los dos próximos años y distribuir tareas.

Como antecedente de estas iniciativas, el 22 de octubre de 2013 se dio a conocer un estudio sin precedentes producido por la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD, en inglés). El trabajo de investigación reveló por primera vez detalles sobre trata de personas en las 11 regiones de frontera de Brasil, siendo Santa Catarina y Rondônia los dos estados en los que se identificaron casos en un número mucho mayor.

Ante la evidencia de una presencia potente de la trata en pleno siglo XXI, el entonces ministro de Justicia de Brasil, Eduardo Cardozo, precisó: “”La trata de personas es un delito subterráneo. Las víctimas sienten vergüenza de informar y sus familias también. Como es un delito muy difícil de detectar, las acciones para combatirlo deben ser sofisticadas”.

Esa primera Evaluación de la Trata de Personas en las regiones fronterizas de Brasil mostró que al menos 475 personas fueron identificadas como víctimas de este delito entre 2005 y 2011. La mayoría, mujeres entre 18 y 29 años y adolescentes. El perfil de la persona traficada es de hombres y mujeres, travestis y transgéneros, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sea por condiciones socio-económicas, sea por conflictos familiares, sea por la violencia sufrida en la familia de origen.

La Iglesia exige que se trabaje en la erradicación de la pobreza, pues muchas de las víctimas de la trata son consecuencia de sus malas condiciones de vida. La vulnerabilidad aumenta en circunstancias de marginalidad e ignorancia. El Estado debe garantizar los derechos a los más frágiles y desvalidos a fin de que no caigan en esas redes que matan la vida y convierten al ser humano en un objeto.

Monseñor Evaristo Spengler, obispo de la Prelatura de Marajó, en la Amazonia brasileña, en el deseo de “querer atajar esta realidad que se repite en muchos lugares de Brasil”, considera imprescindible “una buena articulación”, lo que se debe traducir en formación, colaboración con otras instituciones y asistencia a las víctimas.

Monseñor Enemesio Ângelo Lázzaris, obispo de Balsas, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra y de la mencionada Comisión de Enfrentamiento de la Trata de Personas,  destaca “el hecho positivo de ser comisión pues aporta más visibilidad y autoridad, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad, al trabajo que estamos haciendo”. 

Hace un par de días, en un despacho de prensa procedente de Brasilia se leía: “El índice de desempleo en Brasil bajó en mayo a 13,3%, frente a 13,6% en abril, cuando había retrocedido por primera vez desde 2014, informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Ese dato refuerza la percepción de que el gigante latinoamericano está emergiendo de la peor recesión de su historia, tras haber registrado un retroceso del PIB de 3,8% en 2015 y de 3,6% en 2016”.

Sin lugar a dudas, es una buena y auspiciosa noticia para cualquier país. Pero, mientras esto ocurre, una lacra social bíblica como es la trata coexiste con un país en pujanza.  Sergio Coutinho, profesor del Centro Universitario IESB, al analizar  la situación-país, puso de relieve el contraste:  Brasil atraviesa “un momento socio-político y económico decididamente esquizofrénico y con innumerables pérdidas para la clase trabajadora”.

Con razón los obispos, preventivamente, llaman la atención acerca de la necesidad de “un esfuerzo para dar mayor visibilidad a esta problemática tanto dentro de la Iglesia como en toda la sociedad”.

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