Chicago se suma a las demandas judiciales contra la Administración Trump

El alcalde de esta ciudad-santuario para los inmigrantes anuncia: “Nunca renunciaremos a nuestro estatus de ser una ciudad que acoge a todos por igual”.

Chicago, la sexta ciudad con más indocumentados en Estados Unidos (unos 425,000), ha entablado una demanda en contra del gobierno federal de ese país por la amenaza de retenerle dinero destinado a la seguridad, por el hecho de haberse declarado “ciudad santuario”.

El término “ciudades santuario” se utiliza para las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Por lo general, implica que cuando un residente de alguna de estas ciudades entra en contacto con la policía, no se le pregunta por su estatus migratorio.

Y eso es lo que ha levantado la polémica, y las demandas en contra de las iniciativas anti-indocumentados tomadas por la presente administración federal, que ha amenazado con tomar represalias a quien no coopere con las autoridades de inmigración en lo que muchos han llamado una “cacería”.

Peones políticos

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel anunció el pasado domingo que su ciudad demandará a la administración que encabeza el presidente Donald Trump por intromisión al querer que la policía local se haga cargo de funciones federales.

La demanda de Chicago se produce a menos de dos semanas de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el Departamento de Justicia prohibiría a las “ciudades santuario” participar en un programa de subvención con fondos públicos.

Las nuevas leyes en la materia exigen a las autoridades locales que permitan a las autoridades de inmigración acceso ilimitado a las cárceles locales, y que, de igual forma, se les proporcione aviso –con 48 horas de antelación– de la liberación de cualquier detenido indocumentado.

“No permitiremos que nuestros oficiales de policía se convierten en peones políticos en un debate”, dijo Emanuel en una conferencia de prensa. “Chicago no permitirá que a nuestros residentes se les violen sus derechos fundamentales. Chicago nunca renunciará a nuestro estatus de ser una ciudad que acoge a todos por igual”.

Las patrullas en veremos

En materia de seguridad, Chicago espera recibir 3.2 millones de dólares este año por parte del programa de asistencia Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grants con el cual tiene programado financiar la mayor parte de la nueva flota de vehículos policiales de la ciudad.

La demanda entablada por la ciudad de Chicago en contra de la administración del presidente Trump indica que el gobierno de Estados Unidos no puede “comandar a la policía local para llevar a cabo funciones federales de las leyes de inmigración”.

Chicago se suma el movimiento liderado por otras “ciudades santuario” como Nueva York, San Francisco, Seattle que han declarado que lucharán en los tribunales por proteger su derecho a respetar los derechos de la comunidad indocumentada.

Chicago es la sexta ciudad con mayor número de indocumentados en el país con cerca de 425,000, después de Miami (450,000), Dallas (475,000), Houston (575,000), Los Ángeles (1,000,000) y Nueva York (con 1,150,000 indocumentados).

Sessions responde

Al día siguiente, es decir el pasado lunes por la noche, el fiscal general, Jeff Sessions, advirtió a Chicago que la demanda interpuesta contra su departamento no servirá para que reciba los fondos federales que tiene retenidos hasta que deje de ser una “ciudad santuario” de migrantes.

“El dinero de los contribuyentes federales no ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios ciudadanos”, dijo Sessions en un comunicado. El fiscal general acusó a Chicago de haber optado “con orgullo” por “obstruir el sistema legal de inmigración” a unos “niveles sin par” en otras instituciones y aseguró que sus autoridades locales “han mostrado hostilidad” a hacer cumplir leyes diseñadas a “reducir el crimen”.

“Asombra dado el aumento sin precedentes del crimen en Chicago, con el número de asesinatos en 2016 superando al de Nueva York y Los Ángeles juntos. Los líderes de la ciudad no pueden seguir unas leyes e ignorar otras y esperar que esta horrible situación mejore”, dijo Sessions.

El fiscal general invitó al alcalde Emanuel, a llevar a cabo un “reordenamiento de la práctica de la ley” que “reduzca la cultura anárquica que ha sitiado la ciudad”. Y concluyó su comunicado diciendo a Chicago y a las demás “ciudades santuario”: “Es simple: Cumplir con la ley o renunciar a los dólares de los contribuyentes”.

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